Málaga impulsa un gran proyecto para acabar con los excedentes y luchar contra la pobreza alimentaria

Málaga impulsa un gran proyecto contra la pobreza alimentaria que pretende acabar con los sobrantes de comida en supermercados, bares, restaurantes y hoteles de la provincia para redistribuirla entre 40.000 familias vulnerables.

La Diputación de Málaga, Bancosol, la Universidad de Málaga, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) colaboran en este proyecto, al que se ha llamado “Málaga no caduca”, y en el que también participa la empresa Air Miles, que será la encargada de desarrollar una plataforma digital que centralizará todos los protocolos del reparto de alimento e incluirá una gran base de datos con la situación personal de todos los usuarios a los que se pretende atender.

Se trata de un proyecto amplio que busca no solo acabar con el desperdicio de excedentes en buen estado -solo los restaurantes y bares de Málaga tiran una media de 200 toneladas al año de platos elaborados, según un sondeo interno de la iniciativa- sino que incorporará también un equipo de nutrición, que diseñará dietas específicas para las familias, y también de inserción laboral, pensado para acabar con los problemas de empleabilidad y exclusión social que arrastran los usuarios.

Esto requerirá un gran esfuerzo logístico y de coordinación entre administraciones públicas, las empresas donantes -horeca, hostelería, restauración y hoteles-, la concesionaria que ofrecerá tanto el servicio de reparto como de atención social y Bancosol, que participará, asesorará y formará en todo el proceso, además de ofrecer la información de los usuarios vulnerables.

En cuanto a la periodicidad del reparto, se pretende que sea diario, sobre todo porque habrá productos perecederos con un margen muy corto para su consumo. Aunque no hay una estimación concreta de la cantidad de comida que se salvará de la basura, las expectativas que maneja la Diputación es que se recuperen miles de toneladas anuales en toda la provincia.

Fórmula de inversión pionera

Para ello, se ha optado por una fórmula de contratación pública pionera en España denominada “contrato de impacto social” por la que un inversor social adelanta la financiación del proyecto, asumiendo el riesgo y sin buscar una rentabilidad económica solo la recuperación de la cuantía.

No existen antecedentes en el país en el que se hayan empleado esta vía económica aunque sí algún intento previo como un proyecto contra el sinhogarismo que quiso impulsar la Comunidad de Madrid y que no llegó a salir adelante debido a un elevado riesgo de la inversión, como señalan desde SpainNAB, la Asociación de Inversores de Impacto de España. 

En el caso de Málaga, indican, la principal fortaleza de esta iniciativa al respecto es que cuenta con un informe favorable del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ha auditado el proyecto y garantiza su viabilidad económica. De hecho, hay empresas que ya han mostrado su interés en la iniciativa.

“Hay entidades interesadas como para proveer el servicio como para financiar, ese inversor social”, ha indicado el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

10 millones de euros en cinco años

La idea es que “Málaga no caduca” arranque el próximo año, con una inversión total de 10 millones de euros que adelantará la entidad inversora pero que finamente asumirá la Diputación de Málaga, para lo que ya está buscando un apoyo de fondos europeos, según ha explicado Francisco Salado. Esa inversión cubrirá un período de actividad de cinco años.

Otra peculiaridad del proyecto es que la Diputación irá abonando esos 10 millones de euros en función del cumplimiento de los objetivos marcados tanto en la redistribución, como en el plano sanitario o laboral, por lo que solo la administración pública solo abonará el 100% si se alcanzan las metas fijadas.

Según los plazos que maneja la Diputación de Málaga, el concurso público para adjudicar estos servicios saldrá en octubre y estará dividido en tres lotes, uno para cada uno de las tres patas principales del proyecto: la distribución de productos, la inserción laboral y la mejora personal.

Las empresas interesadas podrán presentarse a la totalidad de los lotes o solo a uno o dos, aunque lo ideal es que una concesionaria asumiese el paquete completo. Por cierto, que cuando se presenten las empresas interesadas estas deberán plantear sus ofertas demostrando en ese momento que cuentan con el respaldo de una entidad financiera social. La adjudicación del contrato se extenderá entre 2025 y 2030.

Antes de iniciar el proceso de licitación, Salado ha anunciado que abrirán en septiembre dos procesos de colaboración para administraciones públicas y entidades privadas que puedan donar comida.