El Gobierno se arriesga a sanciones europeas de hasta 7,5 millones por la prórroga de la AP-9

La Autopista del Atlántico sigue siendo una patata caliente para el Gobierno, hasta el punto de quemarle acercándose o alejándose de los problemas que la rodean. Apenas unas horas después de que el Congreso admitiera por tercera vez una propuesta legislativa para ceder su titularidad a Galicia, el calendario entra en su recta final para definir si la prórroga de la misma hasta el 2048 fue legal o no.

Y en juego hay multas de hasta 7,42 millones de euros. Y es que el Ejecutivo debe responder antes del 24 de junio al segundo expediente de la Comisión Europea en el que se cuestiona la extensión de los peajes en la AP-9 efectuada por el Gobierno de José María Aznar.

El largo proceso administrativo iniciado en 2021 tras la denuncia de la asociación de usuarios En Colectivo compartió viaje con el de la prórroga italiana de la Società Autostrada Tirrenica, concesionaria de la A-12 que discurre por la costa de la Toscana. Después de varias multas y escritos, el Gobierno transalpino ha limitado la gestión, hasta el 31 de octubre de 2028, a los tramos de autopista relativos A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia.

Esta decisión del nuevo ejecutivo de Giorgia Meloni llegó después de una serie de medidas que no remediaban la ilegalidad de la prórroga, por lo que los órganos comunitarios decidieron elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Algo que se repite en la AP-9.

El procedimiento es claro una vez que la Comisión ha enviado las cartas de emplazamientos y de infracción formales, otorgando además un plazo generoso para su respuesta. “Si el país aún no cumple, la Comisión puede decidir llevar el asunto al Tribunal de Justicia y si el país no comunica a tiempo las medidas que implementan las disposiciones de una directiva, la Comisión puede pedir al tribunal que imponga sanciones”.

Desde Bruselas explican que normalmente estos casos se resuelven antes de ser remitidos a la judicatura, aunque parece improbable en el caso gallego ya que el Ministerio de Transportes apuesta por mantener la concesión actual dado el coste del rescate.

Para evitar caer en la tentación de dilatar en el tiempo la toma de medidas, la UE tiene potestad para imponer multas que pueden consistir en el pago de una suma a tanto alzado hasta el pronunciamiento de su sentencia o una multa coercitiva diaria. En el primer caso la cantidad fijada para España es de 7,42 millones de euros, mientras que en el segundo sería de 3.230 al día.

En ambos casos es la Comisión la que propone al TJUE los importes de las sanciones financieras pero es el Tribunal el que determina “los que considere adecuados”. A su vez, si este órgano determina que España ha violado la legislación, las autoridades nacionales deberían tomar medidas para cumplir la sentencia, lo que en el caso gallego supondría eliminar los peajes de la Autopista del Atlántico.

Se abriría entonces un nuevo e incierto escenario que podría implicar desde el rescate de la concesión y el pago a Audasa de hasta 1.000 millones de euros –cifra reclamada por ella y pendiente de ser auditada– hasta la convocatoria de un concurso público para su gestión de acuerdo a la normativa europea.

De nuevo bajo secreto

En la carta enviada por el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, se certifica que “el verdadero objetivo de la prórroga de la AP-9 por 25 años era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable”.

De esta manera certifica que no solo no se garantizó “la transparencia e igualdad de trato a los licitadores” en este contrato de explotación, sino que se hizo para maximizar el precio en la privatización de Audasa y su matriz Enausa llevada a cabo por el Gobierno de Aznar dos años después.

Como ya ocurrió en enero de 2022, el mutismo vuelve a ser la ley imperante. FARO DE VIGO ha consultado al equipo de la Comisión Europea encargado de notificar los procedimientos de infracción para saber si España ya había enviado sus nuevas alegaciones sin obtener respuesta por el momento. Por su parte, al Ministerio de Transportes “no le consta” que se haya producido dicho envío.