DE GUANTE BLANCO | CUARTA ENTREGA
El hombre que prometía entrar en el selecto club del millón de euros
Santiago Fuentes está siendo investigado por una presunta estafa piramidal con criptomonedas
David Céspedes
Prometían rentabilidades de entre el 8 y el 15 por ciento mensual y pagaban a los propietarios cada semana con criptomonedas. El cebo era muy goloso y esto llevó a que muchos clientes se sintieran atraídos. Al final, pero el caso ha terminado con una presunta estafa de grandes dimensiones que ahora está bajo investigación en la Audiencia Nacional. Y detrás se encuentra nuevamente el gerundense Santi Fuentes que ya ha protagonizado otros casos similares y que ha estado bajo investigación policial y judicial en varias ocasiones.
Este caso lleva el nombre de Arbistar, el nombre de la empresa de la que Fuentes es el consejero delegado. La presunta estafa millonaria habría atrapado a inversiones de unas 30 provincias españolas. El método que se seguía era siempre el mismo. Una oferta para invertir en criptomonedas a cambio de una elevada rentabilidad semanal. Todo ello se articulaba mediante la sociedad Arbistar 2.0. S.L. y las cifras que han ido trascendiendo hasta el momento demuestran la gran magnitud que puede tener el caso. Algunas fuentes hablan de 32.000 víctimas.
Las elevadas rentabilidades que aseguraba la sociedad de Fuentes propició enseguida un par de cientos de inversores. Al ser un sistema piramidal estos debían buscar otros potenciales inversores. Con el objetivo de dar garantías trascendió que había un grupo selecto bautizado con el club del millón de euros. Eran poco menos de una veintena de inversores que en poco más de una semana habían ingresado esta millonaria cantidad sólo en comisiones. El cebo volvía a ser más que goloso.
El caso habría dejado miles de víctimas y un fraude estimado en unos 500 millones, que podrían ser más
La investigación arrancó el año pasado cuando un juzgado de Arona (Tenerife) se inhibió del caso ante el que se vislumbraba como una presunta estafa de dimensiones espectaculares. Fuentes, que residía entonces en la isla, fue detenido y hace pocas semanas tuvo que presentarse a la Audiencia Nacional que es quien ha cogido finalmente el caso ante su gravedad. El «broker» gerundense fue citado por el magistrado José Luís Calama pero se negó a declarar. También hace unos días se personaron ante la Audiencia Nacional Iván Grima y Lester Zarabozo, ambos relacionados con la empresa. De lo poco que se sabe, ha trascendido que muchos de los inversores tenían pocos conocimientos informáticos y financieros. Simplemente, cayeron en esta supuesta trampa atraídos por la obtención de dinero fácil en poco tiempo.
Algunos medios han recogido como era el sistema que utilizaba la sociedad de Fuentes para operar y captar clientes. En un auto del juez Calama se recoge cuál era la metodología utilizada. Los investigadores consideran que el presunto fraude consistía en responder al sistema piramidal conocido también como Ponzi en la que se fingía una inversión del todo rentable. «Lo que se hacía era pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores». Como sucede a menudo en este tipo de negocio piramidal en la que uno de los niveles se tambalea todo se derrumba y cae.
Como ha sucedido en otros negocios de este tipo en poco tiempo comenzaron a aparecer las primeras sospechas de que posiblemente no existía tal negocio y que, en definitiva, era un nuevo fraude. No había ningún negocio y en agosto del año pasado alguno de los inversores ya dieron la alerta. En octubre de 2020 la policía detuvo Fuentes y registró varias propiedades suyas en la isla de Tenerife. Ante la policía no necesitaba presentaciones. Su historial acreditaba ya varios negocios considerados fraudulentos. Fuentes se limitó a decir que había habido algún problema, pero que estaban en vías de solucionarlo. Aseguró que era falso que hubiera cometido una estafa y que trabajaba para dar una solución. Comenzaba un nuevo episodio de investigación que aún no está cerrado. Las primeras cifras y estimaciones conocidas son realmente alarmantes.
El juez Calama no tiene ninguna duda de que con los datos que de momento tiene a sus manos «nos situarían en la mayor trampa piramidal cometido hasta el día de hoy en relación a la inversión con criptomoneda».
Santiago Fuentes Jover (conocido simplemente como Santi) estudió lo que antes era la Educación General Básica (EGB) en el colegio Maristas de Girona. No muy entusiasta de los estudios optó por dejar la escuela. Era jovial y simpático, se hacía con todo el mundo, y demostró tener buenas aptitudes para el fútbol, formando parte del equipo de la escuela. Una de sus primeras tareas fue en el terreno comercial. Concretamente fue agente de una de las principales cadenas radiofónicas de España que tenía una emisora en Girona. Llamaba especialmente la atención el vehículo con el que se movía durante sus años de juventud. Un Renault 8 de color azul intenso de los que ya no se comercializaban y que prácticamente ya no circulaban.
Es considerado uno de los cinco mayores líderes de las empresas de marketing multinivel que operan en España de manera fraudulenta. Negocio que ha tocado, negocio que siempre ha acabado igual: inversores atrapados. Ha desarrollado negocios en el terreno de las apuestas por internet, tecnológicas e incluso una compañía de telecomunicaciones australiana que ofrecía llamadas por internet. En los años 2000 la Interpol ya lo buscaba entonces por otro negocio piramidal en Sudamérica. De hecho, con esta última empresa ya hay algunas ramificaciones que se han encontrado y que ha llevado a los investigadores hasta América Latina y algunos países árabes.
También su paso por Argentina dejó rastro y muchas denuncias de damnificados. Se trata del mismo caso Arbistar y la presunta estafa con criptomonedas. Algunos medios argentinos se hicieron eco de la noticia y hablaban que el sistema había atrapado a miles de personas. El mecanismo era el siguiente: una vez entrabas a la sociedad piramidal habías de atraer al menos a 20 socios más. InfoTechnology publicó el 15 de octubre que ninguno de los inversores había recuperado aún el dinero y hablaba de 5.900 afectados. El caso continúa instruyéndose bajo la acusación de delito de estafa agravada y organización criminal.
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