Málaga pide "consenso" en la regulación de las piscinas para evitar "agravios comparativos"

El Ayuntamiento de Málaga ha pedido hoy "consenso" en torno a la decisión de autorizar o no el uso de las piscinas particulares este verano después de que la Junta de Andalucía haya dejado esta medida en manos de los consistorios y en una situación de sequía grave que las lluvias de Semana Santa no han conseguido revertir.

"Para nosotros lo ideal sería que trabajemos todo y que la decisión sea unitaria, conjunta, por parte de toda la provincia. En esa línea estamos trabajando con la mayoría de los municipios de la provincia", ha manifestado la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles, que ha pedido esa decisión municipal "consensuada" para evitar "agravios comparativos".

En este sentido, el Ayuntamiento de Estepona tomó ayer la delantera anunciando que permitirá el llenado de piscinas comunitarias y privadas, garantizando el abastecimiento mediante la puesta en funcionamiento de una desalobradora en el entorno del río Padrón, que comenzará a funcionar en mayo y que producirá 2.900 metros cúbicos diarios de agua dulce.

Sin plazos a la vista

En cuanto a los plazos que maneja la capital para aclarar qué pasará con sus piscinas, lo cierto es que el ayuntamiento no ofrece por ahora una fecha clara y sostiene que siguen a la espera de contar con los "datos objetivos" de los efectos de las últimas lluvias.

"Todavía no tenemos los datos objetivos relativos a todas esas correntías de lluvia que ni siquiera han llegado a los embalses. Con lo cual, cuando tengamos esos datos objetivos que nos permitan decidir, sobre todo con garantías en términos de responsabilidad, decidiremos e, insisto, esperemos que sea una decisión lo más consensuada posible", ha añadido Pérez de Siles.

A finales de febrero los administradores de fincas solicitaron a las administraciones públicas que aunaran criterios y dieran directrices claras con respecto al llenado de piscinas, previo al inicio de la época de puesta a punto de los vasos para su vuelta al uso. Dos meses después, la incógnita se mantiene vigente, ahora que la Junta ha delegado esa responsabilidad en los consistorios y estos deberán ahora decidir.